El grupo de concejales de Civiqus en el Ayuntamiento de Villaquilambre denunciaba ayer a través de una nota de prensa la existencia de vertidos incontrolados de tierra y otros materiales en las inmediaciones del río Torío, a su paso por la localidad de Robledo de Torío. Según aseguran los responsables de la formación liderada por Miguel Hidalgo, estos vertidos se están realizando en terrenos de propiedad comunal y sostienen que suponen «una actuación agresiva para el medio ambiente que no cuenta con las preceptivas autorizaciones ni con la aprobación de los aprovechamientos privados que se están realizando en esos terrenos públicos».

Desde Civiqus sostienen además, que la gravedad de esta actuación se ve acrecentada por el hecho de que, tal y como aseguran, tanto la junta vecinal de Robledo como los responsables del Ayuntamiento estén al corriente de los vertidos y los estén permitiendo. «Es especialmente grave que esos vertidos cuenten con el beneplácito de la junta vecinal, y del alcalde de Villaquilambre, que ha pretendido validarlos con una resolución poco clara, por no decir cínica, y, en todo caso indefendible en buen derecho, en virtud de la cual se autoriza, sin más tramites ni condiciones, la realización de una limpieza en unos terrenos de la junta vecinal», señalan desde Civiqus.

La formación de Miguel Hidaldo sostiene que «esa resolución no puede servir para validar esta agresión medioambiental en una zona, el Río Torío, que por sus valores paisajísticos y medioambientales, debería gozar de la máxima protección».

En este sentido, desde Civiqus exigen «que los vertidos cesen hasta que sean autorizados por todas las entidades con competencia en la materia, si ello es posible respetando todas las normas medioambientales y urbanística».

Además del perjuicio medioambiental que denuncian, los ediles de Civiqus sostienen también «que esos vertidos generarán beneficios económicos para las empresas que los están realizando aprovechándose privadamente de los terrenos comunales de la localidad» y aseguran que para llevar a cabo esa actividad «es necesario un concurso público, que no se ha hecho, para que esos aprovechamientos se adjudiquen a la oferta más ventajosa para el interés público».

Finalmente, señalan que ya han denunciado esta situación ante la Confederación, Seprona, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento y junta vecinal y recuerdan que en el Pleno del pasado jueves exigieron «el cese inmediato de esta actividad contraria las normas medioambientales, y la restitución de la parcela propiedad de la Junta a su estado original, así como el cese de todo aprovechamiento privado de terrenos públicos sin la convocatoria previa de concurso correspondiente.